Tras varios años de debates y controversias sobre los impactos que tiene el glifosato en la salud y el medioambiente, en octubre de 2015 el Gobierno Nacional decidió suspender la aspersión aérea del herbicida luego de que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) lo clasificara como un agente “probablemente cancerígeno”.
El anuncio que hizo ayer la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) volvió a encender el debate, pues, según el informe, Colombia sigue siendo el país “con la mayor superficie dedicada al cultivo de coca en todo el mundo”, con un aumento del 44% de hectáreas sembradas, pasando de 48.000 en 2013 a 69.000 en 2014. Entre muchas razones, por la suspensión de las fumigaciones con glifosato y el alza en el precio de la hoja de coca, especialmente en los departamentos de Guaviare y Meta.
Por este motivo, abogados, toxicólogos y economistas se dieron cita en la Universidad del Rosario en el foro “Las verdades científicas sobre el impacto de la aspersión aérea en la salud”, organizado por este centro educativo, El Espectador y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con la intención de aclarar el panorama de la política de drogas en Colombia.
El primero participante fue el viceministro de Justicia, Carlos Medina, quien por supuesto respaldó la decisión del Gobierno de suspender el uso del herbicida bajo el principio de precaución, lo que significa que, aunque no hay la suficiente certeza científica sobre sus efectos, es necesario tomar medidas preventivas para evitar el riesgo de causar un daño irreversible.
“Por eso estamos centrando la política antidrogas en el individuo y sus derechos humanos, así como en combatir las estructuras criminales. Si algún día tenemos la evidencia científica de que el glifosato no es nocivo para la salud y el medioambiente, entonces podría volverse a utilizar; de lo contrario, el Estado trabaja bajo el principio de precaución”, señaló Medina.
“Pero el problema”, según Daniel Rico, candidato a doctor de la Universidad de Maryland y miembro de la Fundación Ideas para la Paz, es que el principio de precaución “debe entenderse como un mecanismo temporal, pues no prevalece sobre la evidencia científica. Deben categorizarse y clasificarse los diferentes estudios que existen hasta el momento, pues no todos tienen el mismo nivel de investigación; analizar cada caso al detalle, y mirar cuáles son los costos que esto le genera al Estado y los impactos que habría con la aspersión manual o la suspensión total del mismo”.
Una de las conclusiones del foro consiste en que existen varios estudios científicos en Colombia, pero no hay certeza de que el glifosato sea el causante de malformaciones, abortos, problemas dermatológicos, problemas gastrointestinales y demás efectos sobre la salud. Razón por la que es tan difícil tomar decisiones en materia judicial.
Hugo Álvarez, miembro de la Agencia Nacional y Jurídica del Estado, explicó que “en este momento hay 253 procesos judiciales activos en contra de 13 entidades públicas por un valor de $1,5 billones. La mayoría de ellos contra el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pero todavía no hay un pronunciamiento específico del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Gobierno sobre los daños a la salud”.
En ese sentido, el funcionario aprovechó para solicitarle a la academia que realice estudios que permitan tener evidencia clara sobre los daños que podría ocasionar el glifosato a la salud humana y dotar a los jueces municipales de las herramientas suficientes para saber cuáles son los estudios que deben tomarse en cuenta y cuáles no.
Sorprendió a los asistentes la ausencia del ministro de Salud, pues, precisamente, era la opinión de esta cartera la que más esperaban escuchar los investigadores e interesados en el tema.